La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón lamenta que la alcaldesa haya renunciado a presentar una propuesta formal –tal y como se había acordado en la última reunión del Consejo de Administración- para la cesión de los antiguos terrenos de Naval Gijón que aún son propiedad del Musel, y que quiera someter a la ciudadanía a un proceso judicial, con el coste que ello supone para la ciudad de Gijón en términos económicos y de plazos.
Con el fin de completar el expediente y dar fin al procedimiento, los servicios técnicos y jurídicos del Puerto están redactando un clausulado para la cesión de la franja, que se someterá a la decisión del Consejo de Administración -máximo órgano competente- previo informe jurídico de la Abogacía del Estado. Para Roqueñí, “como presidenta del Puerto no puedo consentir que el empecinamiento en la judicialización retrase deliberadamente un proyecto relevante para el futuro de la ciudad”. En este sentido, la presidenta señaló que “voy a proponer que el Consejo de Administración proceda a la cesión gratuita de la parcela, si así lo recomiendan los informes pertinentes, especialmente los relacionados con los derechos urbanísticos, porque para el Puerto es fundamental que se garantice en todo momento que esos terrenos van a ser siempre para uso público, para disfrute de los ciudadanos y no para un aprovechamiento lucrativo, algo que desde el Ayuntamiento no han dejado claro en ningún momento”. La presidenta del Puerto asegura que actúan así por “responsabilidad y ante la inacción y la actitud reactiva del gobierno municipal”, al tiempo que lamenta que el equipo de gobierno haya renunciado a la participación del Puerto en el desarrollo de este nuevo polo industrial y a la inversión de los 7 millones de euros previstos.
La presidenta de la Autoridad Portuaria recuerda que el expediente no estaba concluido y por tanto no existía ni existe de facto la cesión gratuita de la propiedad, como se pretende hacer creer, razón por la que se ha intentado reiteradamente llegar a un documento de consenso. En cualquier caso, asegura que “aunque estamos convencidos de que los tribunales nos darían la razón, preferimos tomar una decisión salomónica, porque no es comprensible que el gobierno municipal denuncie al Puerto de Gijón, con los costes que eso conlleva, por algo que ya es público y de toda la ciudadanía”.
Desde la Autoridad Portuaria se informa también que la inversión de 7 millones de euros prevista en ese ámbito se destinará de manera inmediata a atender otras necesidades, como la ampliación y acondicionamiento del paseo litoral de El Arbeyal en La Calzada.