Joaquín Ayuso, vicepresidente de la compañía, declara ante la jueza que la versión dada por Abando no es cierta: “Se lo ha inventado todo”

El vicepresidente de Ferrovial, Joaquín Ayuso, negó ayer ante la jueza Carmen Lamela, instructora del denominado "caso Musel" en la Audiencia Nacional, que hubiese comentado a Raimundo Abando, expresidente del puerto de Avilés, que la adjudicación de las obras de ampliación de la dársena gijonesa estuviese decidida antes de su licitación pública.

Abando, llamado como testigo, declaró ante la misma magistrada el pasado 21 de abril que un amigo suyo ejecutivo de la constructora Ferrovial -que no participa en la UTE Dique Torres- y que finalmente identificó como el número dos de la empresa, Joaquín Ayuso, le había hecho la confidencia de que la obra estaba ya adjudicada antes del concurso público.

Joaquín Ayuso desmintió ayer esta declaración de Abando afirmando -según fuentes presentes en su testificación- que "se lo ha inventado todo" dado que nunca tuvo conversaciones similares con Abando en este sentido y que a él no le consta que hubiera ningún tipo de irregularidad a la hora de licitar las obras. Ayuso, que se mantuvo muy incómodo durante toda la declaración según fuentes presentes en la misma, sí que reconoció que mantiene una buena relación con Abando, con el que se relaciona esporádicamente pero que en ningún momento comentó con él cuestiones en este sentido.

Raimundo Abando, expresidente de la Autoridad Portuaria de Avilés y presidente de la asociación Ciudadanos por Asturias fue la primera persona que presentó una denuncia sobre las posibles irregularidades en las obras de ampliación en 2013.

También declararon ante la jueza Lamela tres de los ejecutivos investigados, tal y como lo hicieron sus compañeros de UTE el pasado martes. Se trata de Javier Lázaro (FCC), Rafael Martín de Nicolás (SATO-OHL) y Joaquín Jiménez (SATO-OHL). Los tres, como el resto de ejecutivos de constructoras investigados excepto uno, admitieron haber participado en la reunión del 14 de abril de 2006 donde, según las acusaciones, podría haberse pactado un modificado económico que disparó el precio de la obra y que empezó a cobrarse un mes más tarde. Igual que los demás directivos investigados, los tres afirmaron no recordar muchos de los detalles de la reunión más allá de que, según ellos, no se pactó modificado económico alguno. Según su relato, la reunión no fue convocada por la UTE Dique Torres -de la que formaban parte sus empresas- ni ésta les remitió orden del día ni instrucciones ya que únicamente se abordaron cuestiones técnicas de la obra, sino que el convocante fue Fernando Palao, secretario general de Transportes del Ministerio de Fomento. El ejecutivo de FCC Javier Lázaro señaló que durante la reunión se abordaron cuestiones técnicas relativas a problemas derivados de una obra de tal envergadura y que estuvo presidida por el buen entendimiento entre las partes.

El último en declarar en la jornada de ayer, como testigo, en la Audiencia Nacional fue el catedrático de Energía Hidráulica de la Universidad de Granada, Miguel Ángel Losada, que compareció a petición de la defensa de Díaz Rato, exdirector de El Musel. Losada participó en la elaboración del primer proyecto de ampliación de l puerto gijonés, la desechada y polémica alternativa 3C y, posteriormente, en el proyecto que finalmente se ejecutó con un dique de tamaño inferior. Ante la magistrada instructora, Losada sostuvo en todo momento que las obras de ampliación fueron adecuadas, incluidas las modificaciones técnicas incorporadas más adelante y que incluso se evitó la disminución de la arena de la playa, como apuntaban algunas especulaciones.

Fuente:
La Nueva España