El informe pericial contradice al elaborado por la Intervención del Estado y sostiene que no hacía falta un contrato por la financiación privada

Un informe pericial, encargado por la defensa del exdirector del Puerto, José Luis Díaz Rato, al catedrático de derecho administrativo Juan Francisco Mestre Delgado, sostiene que no hubo irregularidades en la tramitación del programa lúdico "A ver la ballena", que impulsó el Puerto entre 2004 y 2011, con la financiación en la mayor parte de esos años por la UTE Dique Torres. La Audiencia Nacional investiga en una pieza separada del "caso Musel", supuestos delitos de cohecho, fraude, prevaricación y malversación con el pago de 902.517 euros por Dique Torres para ese programa lúdico a la Asociación Cultural Aeropuerto, a la que el Puerto encargó la gestión.

El informe del catedrático contradice el de la perita de la IGAE que consideró irregular la adjudicación y echó en falta contratos y la justificación de los trabajos.

Mestre Delgado considera que no es exigible un contrato cuando las actividades se financian exclusivamente por patrocinadores privados. Como ejemplo pone lo que ocurre en las cabalgatas de Reyes, cuando el Ayuntamiento no tiene por qué exigir un contrato a una carroza que participe patrocinada por una empresa. En el caso del patrocinio privado de "A ver la ballena", según el perito, "no existe contratación pública alguna, sino actividad privada de financiación o esponsorización de actividades que realiza a su vez la Asociación, que sigue siendo otro sujeto jurídico privado".

Por otro lado, el informe de Mestre Delgado considera que los contratos efectuados por el Puerto (que también financió parte del programa lúdico) con la asociación eran contratos menores, para cuya formalización sólo se requiere la factura.

Respecto a que el Puerto no exigiera a la asociación que acreditase capacidad para contratar, señala que no se exigía previamente a la adjudicación antes de 2006 y que si no se pidió a partir de esa fecha es por "la preexistencia de la relación jurídica" con la asociación en años anteriores.

En cuanto a que el Puerto no pidiera tres ofertas, Mestre señala que la normativa condicionaba eso a "siempre que ello sea posible" y apunta que la adjudicación a la Asociación Cultural Aeropuerto "no ha sido cuestionada ni impugnada ni en los informes de auditoría y control públicos ni por ningún otro sujeto".

Fuente:
La Nueva España