Las tres fuerzas políticas se unen en el Congreso en una proposición no de ley que exige garantizar el tráfico mixto, acortar plazos y una auditoría

La Variante Ferroviaria del Pajares une en el Congreso de los Diputados a tres fuerzas políticas que, con distinto signo, logran mayoría: PSOE, Podemos y Ciudadanos.

Las tres presentaron ayer una proposición no de ley en la que instan al Gobierno de la nación a la "culminación y puesta inmediata en servicio" de la Variante, a la vez que ponen fecha: antes del fin de 2018.

La proposición no de ley exige a la Administración central "a dar continuidad a las actuaciones ya ejecutadas en uno de los túneles para servir al tráfico mixto (viajeros y mercandías), acabando con el actual estrangulamiento de la precaria conexión ferroviaria" de Asturias con la Meseta.

La proposición no de ley incluye la exigencia de "abordar de forma inmediata la superestructura que permita abrir también su segundo túnel".

La PNL está firmada por los diputados socialistas Adriana Lastra y Antonio Trevín; los de Podemos, Segundo González y Sofía Fernández Castañón, y los de Ciudadanos, Ignacio Prendes y Fernando Navarro.

Trevín calificó ayer la iniciativa parlamentaria de "relevante" porque "demuestra que en asuntos de interés general es posible conseguir acuerdos entre fuerzas distintas pero que son mayoría", y pidió al PP y a Foro Asturias que "tomen buena nota".

El diputado de Ciudadanos, Ignacio Prendes, recordaba el acuerdo suscrito en su día con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el compromiso de acabar la Variante del Pajares en 2017. Un acuerdo ya roto. "No podemos consentir que se incumplan esos compromisos -señaló Prendes- y que se condene el tráfico de mercancías por la antigua rampa del Pajares, infrautilizando una inversión de más de tres mil millones". Para Ciudadanos esa infrautilización "carece de toda lógica, y Asturias no puede permitirlo porque afecta a su futuro".

El diputado de Podemos, Segundo González, hizo hincapié en que la PNL recoge una larga aspiración de su formación política, la realización de "una auditoría económica, técnica, social y medioambiental de las obras" con resultados públicos. También se pide un plan territorial con financiación para paliar los efectos negativos de esta infraestructura sobre las comarcas afectadas.

Fuente:
La Nueva España