La jueza acepta prorrogar la instrucción del caso seis meses más, dos menos de los que había solicitado la Fiscalía

Cuatro responsables de las empresas que construyeron la ampliación de El Musel que prestaron ayer declaración como investigados ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, admitieron haber participado en una reunión en el Ministerio de Fomento el 14 de marzo de 2006 para intentar resolver algunos problemas detectados. Sin embargo, negaron que en el citado encuentro se hubiera alcanzado acuerdo alguno sobre sobrecoste, a pesar de que poco después empezaron a aplicarse nuevos precios.

Los referidos responsables empresariales -Juan Ernesto Pérez (Dragados), Octavio del Real (Dragados), Francisco García (FCC) y Maximino Gorostiza (Alvargonzález Contratas)- fueron llamados a declarar por figurar sus nombres en una relación de invitados a la reunión en la que supuestamente se pactó un sobrecoste para la ampliación del puerto gijonés. En la misma lista figuraba también otro de los declarantes de ayer, José María López Piñol, entonces director de Obra Civil de Dragados, quien indicó que no llegó a asistir a la cita.

Según varios letrados presentes en la toma de declaración de ayer, pudo confirmarse que la reunión se produjo, sin orden del día ni acta, tras haberse detectado problemas de ejecución en la obra de ampliación de El Musel, pero hicieron hincapié en dificultades técnicas para el abastecimiento de piedra y para cumplir, como consecuencia de ello, los plazos previstos, sin llegar a admitir que se haya alcanzado algún pacto económico para poner fin a dichas dificultades.

Según las fuentes informantes, alguno de los ahora investigados señaló que los responsables del Ministerio de Fomento y de Puertos del Estado instaron a resolver los problemas, pero sin establecer el método para conseguirlo.

En ese sentido, la defensa del ex director de la Autoridad Portuaria de Gijón José Luis Díaz Rato puso interés en conseguir del exgerente de la UTE Dique Torres Juan Miguel Pérez que se manifestara en el sentido de que la experiencia hace impensable que una decisión sobre modificado económico se adopte sin conocimiento y conformidad de Puertos del Estado.

Otro dato relevante de las declaraciones de ayer, de especial interés para la acusación particular que por las expropiaciones del Alto Aboño ejerce el vecino José Prendes, consiste en que el exgerente de la UTE Dique Torres Juan Miguel Pérez dio por buenas las actas del equipo de gerencia que llegaron con origen desconocido a la Audiencia Nacional, y se incorporaron al sumario.

Prórroga de la instrucción

En otro orden de cosas, la jueza Carmen Lamela notificó ayer a las partes su decisión de prorrogar seis meses más la instrucción del ´caso Musel´. La Fiscalía había pedido ocho meses más, pero, en el caso de que el nuevo plazo resultara todavía insuficiente, siempre se podría solicitar una nueva prórroga, según informaron fuentes jurídicas.

La declaración como ´causa compleja´ de la instrucción que se encuentra en marcha, el 30 de mayo de 2016, permitió una prórroga que venció ayer. Los seis meses más concedidos ahora sitúan el horizonte del final de la investigación en el día 6 de diciembre del año en curso.

La prórroga, que contó con la conformidad de las acusaciones particulares y la oposición de la defensa del exdirector de El Musel José Luis Díaz Rato, se encontraba ya tácitamente concedida, dado que para mañana, día 8, están citados cuatro nuevos declarantes.

Se trata, en calidad de investigados, de tres responsables más de las empresas constructoras: Javier Lázaro (FCC), Rafael Martín de Nicolás (Sato OHL) y Joaquín Jiménez (Sato-OHL). También está citado, en este caso como testigo, el ingeniero Miguel Ángel Losada, autor de ensayos sobre la necesidad técnica de un modificado.

Fuente:
El Comercio digital