Miles de coruñeses convocados por la Comisión en Defensa do Común, la plataforma ciudadana integrada por setenta agrupaciones políticas y colectivos sociales, se manifestaron el pasado domingo a lo largo de la fachada marítima de A Coruña para reclamar al Gobierno la devolución gratuita de los terrenos del hotel Finisterre, La Solana y los muelles portuarios que quedarán vacíos con el pleno funcionamiento del puerto exterior, así como otras propiedades del Estado en la ciudad, como la antigua cárcel y los solares de A Maestranza.

La movilización contó con una nutrida representación institucional de la ciudad y la comarca. Asistieron los alcaldes de A Coruña, Xulio Ferreiro; Oleiros, Ángel García Seoane; Cambre, Óscar García Patiño y Sada, Benito Portela, así como los congresistas de En Marea, Miguel Anxo Fernán-Vello y Antón Gómez-Reino y del PSOE, Ricardo García Mira y un considerable número de diputados autonómicos de la Marea y el BNG. El PP fue la única sigla ausente.

La manifestación culminó con un emotivo testimonio de la activista Pilar Oviedo, que recordó a los presentes una similar batalla cívica ganada en el pasado, que evitó la conversión en hotel del antiguo Hospital Militar, que gracias a esa resistencia ciudadana es ahora un centro clínico público del Sergas.

Pese a que la Comisión de Defensa do Común exige la reversión pública gratuita de los muelles y La Solana, el alcalde coruñés reiteró con pragmatismo la intención de su Gobierno de ofrecer al Puerto una partida de 1,4 millones por la recuperación de la titularidad pública de La Solana, una estrategia negociadora marcada por los convenios de 2004 firmados por el entonces alcalde Francisco Vázquez que comprometen la venta de los muelles interiores para financiar la dársena exterior de Langosteira.

Es conveniente refrescar la memoria sobre el contexto de esos convenios de 2004 para comprender por qué el puerto coruñés es el único de España que carga con la obligación de costear por su cuenta parte de la obra de una nueva dársena. El puerto exterior fue impulsado por el exalcalde Francisco Vázquez y el exministro Francisco Álvarez Cascos, al hilo de la marea negra del Prestige. Oficialmente se trataba de dotar a las costas gallegas de un puerto refugio donde poder recoger buques que sufriesen percances como los acaecidos con el infausto petrolero. Pero, siendo esa la argumentación oficial, lo cierto es que en el trasfondo del proyecto existía una gran operación urbanística en sintonía con los tiempos del ladrillo y el dinero fácil, esos que generaron la devastadora crisis económica actual.

La operación consistía en trasladar a Langosteira instalaciones del puerto interior, liberando así unos terrenos que, ubicados en un enclave con enormes expectativas de futuro, serían vendidos con tales plusvalías que darían no solo para el lucro de constructores y promotores, sino para pagar una parte considerable del puerto exterior. Los cálculos de ese cuento de la lechera en versión moderna y los muchos recelos que despertó el proyecto en los organismos competentes del Estado y de la UE hicieron que, para conseguir su aprobación, el Puerto coruñés se comprometiese a asumir una colosal parte del sobrecoste, a diferencia de lo que ocurrió en otros puertos ampliados, como el de Gijón o Ferrol.

Como en el cuento, el cántaro se rompió muy pronto, desgraciadamente. El presupuesto inicial de las obras, 479 millones, creció como una bola de nieve. Está ya en los 700 millones y los cálculos lo sitúan al final, para el conjunto de Administraciones, en torno a los 1.000 millones. Unos 130 de esos millones corresponden a la conexión por ferrocarril, indispensable para hacerlo operativo.

En fin, mirar hacia atrás no sirve de nada. La única solución es hacerlo hacia delante y buscar las fórmulas para rentabilizar las inversiones. Eso sí, sin que nuevamente sea a costa de la ciudad. Hace ahora poco más de un año, en un primer encuentro de Ferreiro con la entonces ministra de Fomento Ana Pastor, empezó a tomar cuerpo la evidencia de que, ante la actual situación económica, resultaba absurdo seguir teniendo como referencia el convenio de 2004. El desarrollo previsto para los muelles desafectados con grandes superficies comerciales y alta edificabilidad inmobiliaria está más que cuestionado. Fruto de ese cambio de visión, llegó en marzo de 2016, con la mediación del presidente de Puertos del Estado, un prometedor marco de negociación con el Ayuntamiento en el que, de entrada, se reconocía la necesidad de rebajar la alta edificabilidad que incluía una urbanización con miles de viviendas de hasta diez alturas.

Este inicial espíritu negociador entró en un compás de espera durante meses por la provisionalidad del Gobierno a la espera de la repetición de las elecciones generales y acabó por romperse a finales del año pasado cuando trascendió que la Autoridad Portuaria coruñesa había pactado en octubre la subasta de La Solana con la inmobiliaria madrileña Río Mero, pese a que el Concello tenía de plazo hasta el 31 de diciembre para formalizar una propuesta de adquisición.

La venta de La Solana y el Hotel Finisterre lleva años cocinándose. Lo había intentado en 2002 la Autoridad Portuaria coruñesa, pero fue frenada por Puertos del Estado. En 2012, el Ejecutivo de Carlos Negreira le abría la puerta con una recalificación urbanística por la que el suelo de La Solana pasó de dotacional público a privado y el del hotel dejó de ser espacio libre.

La operación inmobiliaria despertó un rechazo generalizado en la ciudad, que se tradujo institucionalmente en una resolución unánime del pleno municipal en enero de este año, que exige a la Autoridad Portuaria su paralización. La declaración aprobada unánimemente por la corporación coruñesa reclama que se garantice la titularidad pública de los terrenos e insta al Puerto a admitir la oferta de compra de La Solana realizada por el Ayuntamiento por 1,4 millones.

Esto obligó a intervenir nuevamente al presidente de Puertos del Estado, José Llorca, que abrió otro capítulo negociador con el Ayuntamiento. Como consecuencia, la Autoridad Portuaria coruñesa se vio obligada a paralizar provisionalmente la subasta. Las conversaciones, interrumpidas por el conflicto de los estibadores, se retomarán probablemente a finales de este mes, no solo por La Solana, sino por una solución consensuada a la venta de los muelles.

La codicia ante un pelotazo inmobiliario que la crisis frustraría, fue en 2004 la razón de que para sortear la oposición de los técnicos de Puertos del Estado se aceptasen en A Coruña unas condiciones draconianas que ahora lastran los resultados económicos del Puerto. Su colosal endeudamiento precisa soluciones, pero no pueden pasar solo por hipotecar el potencial turístico y de disfrute que la fachada marítima posee para todos los coruñeses, arruinándolos con una edificación masiva. Entre otras cosas, porque la venta de los muelles no resolverá ni de lejos el problema económico del Puerto, cuyo saneamiento y viabilidad tienen que pasar prioritariamente por una aceleración de la cuota de negocio en Langosteira.

Fuente:
La Opinión de La Coruña