La defensa de los cuatro empleados de la empresa investigados por la Audiencia Nacional pidió el archivo de la causa

La defensa de los cuatro empleados de las empresas que conforman la UTE Dique Torres investigados en el procedimiento abierto por la Audiencia Nacional por la pieza separada de ´A ver la ballena´ ha presentado las correspondientes alegaciones una vez terminado el plazo de instrucción del procedimiento. En él solicita el archivo y sobreseimiento de las actuaciones tramitadas y pide a la jueza Carmen Lamela que «dicte la resolución correspondiente teniendo por finalizada la instrucción».

En esas alegaciones, la defensa asegura que quedó acreditado, a la vista de toda la documentación aportada durante el procedimiento, que «los pagos realizados por la UTE dique Torres a la Asociación Cultural Aeropuerto -encargada de organizar las actividades del programa de cultural y de ocio- no acabaron en la Autoridad Portuaria de Gijón ni en ningún otro funcionario público, ni se desviaron total o parcialmente a personas que hubiesen intervenido o interviniesen por parte de la Administración pública en la licitación y ejecución de las obras».

Desde 2005 hasta 2010, la unión de empresas aportó 902.517 euros y en el escrito refiere todos los pagos realizados en distintas cuentas bancarias, «sin que lógicamente hubiera otros pagos no oficiales o no declarados», apunta. Además, señala que todas las facturas eran visadas por la Autoridad Portuaria de Gijón, «un trámite que dotaba de todavía mayor transparencia al patrocinio que realizaba la UTE Dique Torres a los eventos lúdicos».

«No fue algo soterrado» La defensa refuta la tesis de la Fiscalía, que habla de ´sospechas´ en estos pagos, apuntando que «el patrocinio de la UTE Dique Torres no fue algo soterrado u opaco, sino que figuró expresamente reflejado en diversos documentos unidos al expediente de contratación». Y también asegura que las aportaciones «se hicieron con cargo a los gastos generales de la entidad».

Otro aspecto que pone de relieve el documento es el informe de la Intervención General del Estado del pasado 21 de noviembre, realizado por María del Carmen Vélez y que, según la constructora, «no pone de relieve, ni de lejos, que los responsables de la Autoridad Portuaria de Gijón incurriesen en un delito de prevaricación al contratar a la Asociación Cultural Aeropuerto».

Añade que el sucesor de Fernando Menéndez Rexach como presidente del Puerto de Gijón «había sido además la persona que, en nombre de la Intervención General de la Administración del Estado, había auditado y validado las cuentas de la Autoridad Portuaria de Gijón» y que «nunca se consideró a partir de las mismas que el Puerto de Gijón hubiese cometido irregularidad alguna».

«Particularmente exigente» Es más tajante la defensa de la constructora al aseverar que «es absurdo que se aportasen cantidades en concepto de patrocinio para retribuir un pretendido favorecimiento a la UTE Dique Torres por parte de la Autoridad Portuaria de Gijón durante la ejecución del contrato» y abunda que la dirección de la obra se mostró «particularmente exigente». El documento finaliza indicando que «es sencillamente absurdo afirmar que en la fase de licitación se produjeron ´graves irregularidades´, como señala el Ministerio Fiscal».

En este asunto están investigando los directivos de la UTE Juan Miguel Pérez, Manuel Amaro Martínez, David López e Isidoro Alonso, así como María del Carmen Fernández (Asociación Cultural Aeropuerto) y José Luis Díaz Rato, Fernando Menéndez Rexach y Miguel Ángel Vallina (Puerto de Gijón).

Más noticias

La Intervención General pone objeciones a la contratación

Fuente:
El Comercio digital