La jueza pide al Puerto datos de la reunión en la que se planteó aplazar la tramitación de los sobrecostes hasta después de las elecciones autonómicas

El exsecretario de Estado de Transportes y expresidente de El Musel, Fernando Palao y el expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, han sido citados para declarar como investigados en el "caso Musel" el próximo 20 de julio. La magistrada al frente del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, tomó esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Palao y Navas ya habían declarado, en calidad de testigos, en octubre del año pasado. En aquella ocasión Palao reconoció la existencia de las reuniones en el Ministerio de Fomento con directivos de las empresas integrantes de la UTE Dique Torres y de la propia UTE y con los entonces presidente y director de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato. Este último fue quien, en una de sus declaraciones en el juzgado, había revelado la existencia de esas reuniones en marzo de 2006 para supuestamente negociar los sobrecostes de la obra de ampliación de El Musel. Palao y Navas eran los únicos asistentes a aquellos encuentros que aún no había sido imputados por la magistrada.

La ampliación de El Musel, que se ejecutó entre 2005 y 2011, se adjudicó a Dique Torres (Dragados, FSP, FCC, Sato y Alvargonzález Contratas) en 499,35 millones de euros. En noviembre de 2007 el Consejo de Administración de El Musel aprobó un modificado del proyecto que elevaba el presupuesto de la obra a 715,66 millones de euros y alargaba el plazo de la misma en dos años. La obra finalmente se liquidó en 708,7 millones incluyendo sobrecostes y actualización de precios (todas las cifras sin contar el IVA). Dique Torres reclama en un contencioso otros 350 millones adicionales. La causa penal se inició a raíz de un informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), que dio pie a sendas denuncias de Anticorrupcion y del Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (Ocan, asociación afín a Podemos).

Aunque los sobrecostes se aprobaron formalmente en noviembre de 2007, el Puerto comenzó a pagarlos en abril de 2006 a la UTE, al mes de la reunión que se celebró en Madrid.

Además de imputar a Palao y Navas, la jueza también ha enviado un requerimiento a la Autoridad Portuaria de Gijón para que le remitan "acta, minuta o nota" de la reunión celebrada el 16 de enero de 2006 entre Díaz Rato y directivos de Dique Torres en la que supuestamente se habló de elevar el contrato de la obra en 200 millones de euros pero no hacer la tramitación administrativa de esos sobrecostes hasta que pasaran las elecciones autonómicas de mayo de 2007. También le requiere el informe elaborado en diciembre de 2015 por la UTE sobre los problemas técnicos y económicos para ejecutar la obra en el plazo previsto y otro informe jurídico de la UTE, ambos presentados en esa reunión. La defensa de José Luis Díaz Rato fue quien pidió a la magistrada que solicitara esos documentos al Puerto. La defensa del exdirector de El Musel también ha solicitado ahora que se cite como testigos a cinco exconsejeros de la Autoridad Portuaria de Gijón, tres de ellos por participar en la autorización ambiental de la desulfuradora de la térmica de Aboño (que el Principado tramitó sin dar traslado al Puerto para que presentara alegaciones en contra de lo que se había hecho en otras ocasiones, según la defensa).

Se trata del entonces consejero de Medio Ambiente, Francisco González Buendía; de su sucesora en el cargo y que en aquella fecha firmó la Autorización Ambiental, Belén Fernández; y del exdirector general de calidad ambiental, Antonio Suárez Marcos.

También pide que testifiquen los entonces alcaldes de Gijón, Paz Fernández Felgueroso y Carreño, Ángel Riego (éste ya declaró anteriormente como investigado), al construirse la desulfuradora "sin la obligatoria licencia de obras" de ambos municipios. Además pide que vuelva a testificar el presidente de HC, Manuel Menéndez.

La defensa de Díaz Rato atribuye los retrasos en la ampliación de El Musel a una supuesta obstrucción por HC, que según esa tesis demoró el permiso para que la UTE explotara la cantera de Aboño como supuesta medida de presión para que el Gobierno del Principado intercediera ante el Ayuntamiento de Ribera de Arriba que ponía reparos a la construcción de un ciclo combinado. La defensa se apoya en la "coincidencia" en las fechas en que se desbloquearon ambas cuestiones.

Fuente:
La Nueva España