La magistrada no prevé prorrogar otra vez la instrucción, por lo que preguntará a las partes si consideran que debe abrir juicio o archivarlo

El presidente de HC, Manuel Menéndez y el también directivo de la compañía absorbida por EdP, Marcos Antuña Egocheaga, han sido citados a declarar como testigos en el "caso Musel" para el próximo 22 de diciembre. Será la segunda ocasión en la que acudan a la Audiencia Nacional para hablar sobre la cantera de Aboño.

Las defensas habían alegado que el retraso en la explotación de esa cantera, al tener HC que construir una desulfuradora para su central térmica en sus proximidades, fue lo que originó los sobrecostes de la obra de ampliación. Ambos directivos de HC contradijeron esa versión en la primera declaración que prestaron ante la jueza, el 2 de noviembre de 2016.

El motivo por el que la magistrada los ha vuelto a emplazar, con el visto bueno del fiscal, es la petición formulada por el abogado de José Luis Díaz Rato, Viliulfo Díaz, quien sostiene que HC bloqueó la explotación de la cantera necesaria para la ampliación de El Musel como medida de presión para que el Principado y el Ayuntamiento de Ribera de Arriba desbloquearan las autorizaciones administrativas para que HC construyera sendos ciclos combinados (centrales termoeléctricas de gas natural) en Soto de Ribera.

El fiscal se ha pronunciado favorablemente a que testifiquen los directivos de HC al considerar que esas declaraciones pueden ser útiles ante la aportación a la causa de nuevos documentos, que también pide que se unan al procedimiento "en aras de no menoscabar el derecho de defensa". Esos nuevos documentos son los expedientes de la Comisión de Urbanismo del Territorio de Asturias (CUOTA) y de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativos a las térmicas de gas de Soto de Ribera.

Las declaraciones de Manuel Menéndez y Marcos Antuña se producirán fuera del plazo que tenía marcada la jueza para concluir el procedimiento, que vence mañana. La magistrada no va a optar por una nueva prórroga de la instrucción, según explicaron fuentes jurídicas, sino que va a dar ya los pasos previos para decidir si decreta la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Para ello, y con posterioridad a estas últimas declaraciones, pedirá a las partes que se pronuncien sobre si consideran que debe abrirse juicio o dar carpetazo al asunto. La decisión última al respecto le corresponderá a la magistrada.

En el procedimiento están imputados más de una veintena de excargos públicos, de las empresas constructoras y la UTE Dique Torres en la que se unieron y también de otras compañías vinculadas con la obra de ampliación, como Tudela Veguín. La investigación en la Audiencia Nacional se abrió a raíz de un informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) sobre supuestas irregularidades en la adjudicación, ejecución de la obra y los sobrecostes.

Fuente:
La Nueva España