La defensa de Díaz Rato se opone alegando que «sólo pretende corregir la ausencia de pruebas consistentes de las que adolece la acusación»

El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que investiga supuestas irregularidades en la financiación de las obras de ampliación de El Musel, ha requerido a las partes personadas para que concreten su posición y presenten a legaciones a la petición de la Fiscalía de prorrogar durante ocho meses más la instrucción del caso. La defensa del exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón, investigado en el citado procedimiento, ha contestado ya que se opone a la citada prórroga, debido a que «solo pretende corregir la ausencia de pruebas consistentes de las que adolece la acusación». También cita en sus alegaciones que «la instrucción hasta la fecha practicada no permite en ningún caso tener acreditada la concurrencia de los elementos precisos para considerar en quien me manda comportamiento delictivo alguno en los hechos que son objeto de investigación».

Viliulfo Díaz, abogado del que fuera director de El Musel José Luis Díaz Rato, ha solicitado ya en varias ocasiones el sobreseimiento de la investigación del exdirigente portuario y destaca ahora «que se imputan unos supuestos delitos doce años después de haber supuestamente ocurrido. A nadie se le escapa que con la perspectiva que se plantea -si las repetidas y justificadas solicitudes de sobreseimiento respecto a mi mandante siguen resultando injustamente desoídas-, el procedimiento amenaza a extenderse ad infinitud, con sometimiento injustificado a quien me manda y demás investigados a la ´pena de banquillo´, y la consiguiente exposición pública irreparable para su buen nombre».

Según el referido pliego de alegaciones, «tanto porque la calificación inicial de la causa como compleja no cumplía con los requisitos que legalmente establece el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como porque los supuestos indicios no se han visto confirmados por diligencia de prueba alguna; atendiendo, por otra parte, a que la medida que se pretende debe ser excepcional porque afecta al derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas y agrava aún más si cabe los daños que se está ocasionando al honor de mi representado, entendemos que no procede estimar la petición del Ministerio Fiscal».

La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé un plazo máximo de seis meses para la instrucción de los casos, salvo que se declare «causa compleja», en cuyo caso dicho plazo se extendería hasta 18 meses.

En el ´caso Musel´, la declaración de causa compleja se produjo el 30 de mayo de 2016, con previsión de que la instrucción finalizase mañana, 6 de junio. La misma ley contempla la posibilidad de acordar una prórroga de 18 meses, que es lo que hizo la Fiscalía, aunque de momento deja su petición en ocho meses. En cualquier caso, es el juez, en este caso jueza, quien decide el final de la instrucción «cuando entienda que ha cumplido su finalidad». Cabe recordar, por otra parte, que la jueza Carmen Lamela ha citado a declarar mañana a seis investigados, responsables en su día de las empresas Dragados, Fomento de Construcciones y Contratas y Sato-OHL, así como a tres investigados de Dragados, Alvargonzález Contratas y UTE Dique Torres, además de al ingeniero y catedrático de universidad Miguel Ángel Losada, en este caso en calidad de testigo, el próximo miércoles. Por lo tanto, la prórroga parece tácitamente prevista por la jueza, independientemente de que sea o no por el plazo requerido por la Fiscalía y de que la consulta a las partes que da origen a la oposición de la defensa de Díaz Rato sea una formalidad preceptiva.

Fijadas en abril

Las nuevas declaraciones fueron fijadas el pasado abril. Se trata de los representantes de varias empresas vinculadas a la UTE Dique Torres que participaron en 2006 en una reunión en la sede de Puertos del Estado que, según el fiscal Miguel Serrano, «resultó relevante en orden al cambio de criterio de la Autoridad Portuaria de Gijón con respecto al modificado del proyecto de ampliación del Puerto de Gijón, modificado que desde el principio de la ejecución de la obra venía reclamando la UTE adjudicataria». Además del grupo de empresarios, en el encuentro participaron Mariano Navas, entonces presidente de Puertos del Estado; Fernando Menéndez Rexach, expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón e investigado en la causa, y José Luis Díaz Rato.

Fuente:
El Comercio digital