Solicita a la Audiencia Nacional que pida al Principado la autorización ambiental de la planta desulfuradora de la central térmica

La defensa de José Luis Díaz Rato, expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón investigado en las actuaciones que se siguen en la Audiencia Nacional por los sobrecostes de la ampliación del puerto de El Musel, ha remitido un escrito a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, en el que solicita que se libre un oficio a la Consejería de Medio Ambiente para que le remita el expediente administrativo «relativo a la autorización ambiental integrada concedida a Hidroeléctrica del Cantábrico para la construcción de la desulfuradora» de la central térmica de Aboño.

La defensa de Díaz Rato, ejercida por Viliulfo Díaz, pretende desmontar así la postura del Ministerio Fiscal que «manifiesta insistentemente» que la Autoridad Portuaria de Gijón conocía con anterioridad al proceso de licitación de la obra la imposibilidad de explotar la cantera de Aboño, por la previsión de la construcción de la citada planta. Y el fiscal se basa en un anuncio publicado en el BOE, el 23 de enero de 2004, en el que se hablaba de la construcción de seis plantas de desulfuración de gases de combustión, entre ellas, en la térmica de Aboño.

El escrito apunta que la solicitud de la autorización ambiental integrada para esa obra se registró el 17 de agosto de 2005 y se otorgó el 23 de abril de 2008 (el letrado aporta a la jueza copia de su publicación en el BOPA). Por ello, el escrito de Viliulfo Díaz apunta que «a la fecha de la firma del acuerdo de intenciones -para el uso de la cantera de Aboño y que fue firmado el 26 de julio de 2004-, la Autoridad Portuaria no tenía conocimiento de la previsión de realizar una planta desulfuradora en la mencionada cantera, circunstancia que tampoco fue comunicada ni en ese momento ni durante las negociaciones previas al acuerdo».

Una de sus conclusiones es que «Hidroeléctrica del Cantábrico ha obrado de mala fe frente a los participantes en el acuerdo de intenciones, al no haber mencionado e informado de sus proyectos futuros en la zona de la cantera de Aboño, cuando esto era de primordial importancia para dicho acuerdo y, con ello, para la viabilidad, devenir y efectiva construcción de las obras del puerto».

«Indefensión»

La defensa apunta que «la afirmación vertida por el Ministerio Fiscal, sin dato objetivo alguno que lo evidencie, del expreso conocimiento del proyecto de la desulfuradora por parte, entre otros, de mi representado, genera indefensión en la medida en que se nos está exigiendo una prueba imposible o diabólica en relación con el hecho de su no conocimiento» y califica de «meras elucubraciones» las tesis de la Fiscalía.

José Luis Díaz Rato siempre había negado haber tenido conocimiento de los proyectos de futuro de Hidroeléctrica del Cantábrico, ya que aseguró en sus declaraciones en la Audiencia Nacional que no se había hecho referencia a este asunto en ninguna de las negociaciones llevadas a cabo con el empresa eléctrica.

Según las previsiones iniciales, las obras de ampliación de El Musel durarían 46 meses, con lo que «la extracción de material de la cantera de Aboño habría finalizado mucho antes de la concesión de todas las autorizaciones y licencias necesarias para la construcción de la desulfuradora y del comienzo de los trabajos», apunta el escrito. Pero el caso es que, aunque esa autorización ambiental integrada fue concedida el 23 de abril de 2008, las obras de la planta desulfuradora ya estaban en marcha en 2006 y la instalación se puso en funcionamiento en enero de 2008, es decir, tres meses antes de tener la autorización.

Fuente:
El Comercio digital