Los directivos de HC aseguraron haber informado al Puerto de que la cantera de Aboño no se podía usar por la obra de la desulfuradora

Las declaraciones como testigos de Manuel Menéndez y Marcos Antuña, presidente y jefe de Obras y Proyectos de Hidrocantábrico (HC), cerraron ayer la investigación judicial que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, en Madrid, sobre supuestas irregularidades en la obra de ampliación del puerto de El Musel, con lo que la jueza Carmen Lamela deberá ahora decidir si se abre juicio, después de tres años de diligencias, desde que a finales de 2014 la Fiscalía Anticorrupción y la Asociación de Vecinos Alto Aboño, encabezada por José Prendes, uno de los vecinos expropiados, presentaran la correspondiente denuncia en la Audiencia Nacional.

En las testificales de ayer, realizadas a petición del abogado Viliulfo Díaz, que defiende al exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón José Luis Díaz Rato, no se sacó mucho en claro. La intención de Díaz era demostrar que el permiso de explotación de la cantera de Aboño no se dio hasta que la eléctrica hubo conseguido los correspondientes permisos para construir el ciclo combinado de la central de Soto de Ribera, pero el presidente se remitió a que se trató de «una coincidencia» en el tiempo de ambos asuntos y que no era «técnico» para conocer la materia.

Tampoco tuvo efecto la intención del letrado de conseguir que los directivos de la eléctrica admitieran que se había ocultado al Puerto el hecho de que la construcción de una desulfuradora en el grupo dos de la central térmica de Aboño impedía la explotación de la cantera. En esta ocasión fue Marcos Antuña quien aseguró que se había informado «de palabra» a los responsables portuarios, rechazando cualquier tipo de responsabilidad en el hecho de que la necesidad de buscar nuevas canteras en las que lograr material para la obra hubieran encarecido el producto. Eso sí, según Díaz, los directivos de HC reconocieron que la mencionada obra de la desulfuradora «la hicieron sin tener el permiso del Ayuntamiento de Gijón ni la declaración de impacto ambiental del Principado».

Otras fuentes jurídicas del caso apuntaron que ambas declaraciones, que duraron en torno a hora y media, «no aportaron nada nuevo» a la instrucción y que, incluso, «el fiscal ni preguntó». Y es que tanto Menéndez como Antuña siempre defendieron que las obras que acometió la empresa en las centrales térmicas de Soto de Ribera y de Aboño «fueron completamente independientes», al tiempo que apuntaron que la intención de acometer la desulfuradora de Gijón «era un hecho público y notorio», ya que había salido publicado en distintos boletines oficiales. Menéndez y Antuña también rechazaron haber participado en el acuerdo de intenciones por el que se cedía la explotación de la cantera de Aboño a la empresa adjudicataria de las obras de ampliación de El Musel.

El siguiente paso Y es que se cumplen ahora tres años del inicio de las diligencias. La jueza Carmen Lamela ha cerrado la instrucción y se prevé que en breve decida el siguiente paso. Está pendiente que la jueza dé traslado a las acusaciones para que decidan si solicitan ir a juicio, al igual que a la Fiscalía Anticorrupción, que deberá concretar las delitos que se pudieran haber cometido. Estos últimos deberán presentar los correspondientes escritos de acusación, mientras que la parte contraria presentará los escritos de defensa. En función de las penas que puedan solicitar las acusaciones, el asunto continuará en una sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o será derivado a un juzgado penal ordinario.

Las partes coinciden en que la decisión de la jueza no se demorará mucho, máxime teniendo en cuenta que fijó las últimas testificales para ayer, el día siguiente a Navidad.

Una vez superado ese paso, puede ser que la Fiscalía Anticorrupción no acuse o lo haga por una pena menor a la inicialmente prevista, en cuyo caso la jueza suele seguir su criterio.

Las acusaciones particulares, ejercidas por la Asociación de Vecinos del Alto Aboño y por el Observatoriu Asturianu Anticorrupción (Ocan), también podrán solicitar la continuación del proceso, pero se enfrentan a la posibilidad de que tengan que pagar las costas del procedimiento.

En total, hay unas 26 personas investigadas en este proceso, pero puede ser que no todas resulten procesadas.

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Fuente:
El Comercio digital