La Guardia Civil cree que una constructora infló en 4,5 millones una factura. El ministerio anuncia medidas disciplinarias y penales si se confirma

Reacción en el Ministerio de Fomento. El pasado mes de febrero trascendió que la Guardia Civil había presentado un informe ante el juzgado de Barcelona que desde 2014 investiga el pago de supuestos sobornos en las obras del AVE en Cataluña. El atestado extendía una sombra de sospecha en los trabajos ferroviarios ejecutados en otros territorios. En lo tocante a la variante de Pajares por ejemplo indicaba que la empresa pública Adif habría liquidado a Corsán-Corviam una certificación de obra que supera en unos 4,5 millones el importe de lo realmente ejecutado, lo que supone un «sobreprecio».

El departamento regido por Íñigo de la Serna «ha procedido a la apertura de los correspondientes expedientes internos encaminados a esclarecer las actuaciones que se desprenden de los informes». Así lo confirma el Gobierno a una pregunta por escrito de Alexandra Fernández, diputada de En Marea. Las pesquisas del ministerio están en marcha y «aún no se dispone de conclusiones».

Con todo, la administración señala que «se exigirán las responsabilidades que correspondan adoptar en el proceso penal en el que Adif se encuentra personado como acusación particular, y las de índole disciplinaria se adoptarán por Adif en lo que la pendencia del proceso penal permita». De probarse la existencia de sobornos en las obras ferroviarias «se exigirán todas aquellas responsabilidades que se puedan exigir, adoptándose, por otro lado, todas aquellas medidas que sean necesarias para comprobar la calidad de los materiales», recalca el Gobierno central.

Fuente:
El Comercio digital