El último informe de Anticorrupción apunta que se pospuso más de un año la tramitación de los sobrecostes “por razones de calendario político”

La presencia del entonces presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, al inicio de la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón del 4 de enero de 2005 -en la que se adjudicó la obra de ampliación de El Musel a la UTE Dique Torres- ha despertado la curiosidad de la Fiscalía Anticorrupción. El por qué de esa presencia del entonces mandatario regional, que no era miembro del consejo, fue la primera pregunta que formuló el fiscal al actual director general de El Musel, José Luis Barettino Coloma, en la comparecencia de éste como testigo del "caso Musel" el pasado viernes, en el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional investiga supuestas irregularidades en la licitación, adjudicación, sobrecostes y ejecución de la ampliación de El Musel y la expropiación del Alto de Aboño. En el caso hay varias decenas de investigados, incluyendo directivos portuarios, de las empresas de la UTE, del Ayuntamiento de Carreño y de Tudela Veguín. La obra fue adjudicada en enero de 2005 y entregada en enero de 2011. En esa etapa Barettino era secretario del consejo de administración, además de su responsable de asuntos jurídicos, primero, y luego, subdirector del Puerto.

Barettino no explicó el motivo de la presencia de Areces en el consejo de El Musel que adjudicó la obra a la UTE integrada por Dragados, FSP, FCC, Sato y Alvargonzález Contratas. Se limitó a señalar que él, como secretario del consejo, reflejó en el acta de esa reunión la presencia de Areces así como las palabras que dirigió a los consejeros, según explican personas presentes en su declaración judicial.

El acta de aquel consejo recoge que Areces atribuyó el impulso para poner en marcha la obra al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y calificó de "impecable" el trabajo técnico y financiero de la Autoridad Portuaria. El entonces presidente del Puerto, Fernando Menéndez Rexach, ahora investigado en el "caso Musel", había agradecido a Areces su "impulso activo" al proyecto y su "liderazgo".

Aquella no fue la primera asistencia del actual portavoz del PSOE en el Senado a una reunión del consejo El Musel. Intervino al menos en otras dos reuniones, una de ellas la del 15 de julio de 2004, en la que se aprobó la licitación del proyecto, sus pliegos administrativos y su aprobación económica. La otra fue la del 1 de junio de 2006, cuando se llevaba más de un mes pagando sobrecostes por la obra de ampliación, algo de lo que no se informó al consejo hasta finales de 2007, tras las elecciones autonómicas.

La pregunta del fiscal a Barettino no es la primera alusión política que aparece en el caso. Otra reciente figura en el último informe emitido por la Fiscalía Anticorrupción, el pasado 11 de abril: Al referirse al informe elaborado en octubre de 2007 por el entonces director del Puerto y también director de la obra, José Luis Díaz Rato, para la modificación del proyecto, incrementando en 250 millones de euros su presupuesto y en 22 meses su plazo de ejecución, el fiscal señala que "los factores concurrentes en el alza de los costes que se plasman en el informe del Director Facultativo de la Obra habían aflorado ya en el mes de febrero de 2005", agregando que "en el mes de junio de 2006 ya consta documentado que la UTE había planteado el inicio de un procedimiento para el modificado del contrato, iniciativa que fue denegada por la Autoridad Portuaria, alegando, entre otros factores, razones de calendario político".

Así lo habían puesto de relieve dos funcionarias de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en un informe pericial de junio de 2015, en el que reflejan que el Puerto y la Dique Torres pactaron ocultar los sobrecostes hasta que pasaran las elecciones autonómicas de 2007. Esa demora en la tramitación del modificado "debido a la celebración de las elecciones autonómicas" figura en un acta del 16 de junio de 2006 de una reunión entre el Puerto y la UTE, apuntan las peritas.

Cemento

El fiscal realizó su informe del pasado 11 de abril para contestar a la petición de sobreseimiento de la causa contra él del exdirector general de Tudela Veguín, José Antonio Muñiz Muñiz. Anticorrupción asume que el supuesto delito fiscal del que se acusaba a la cementera por los pagos en especie que le hizo Dique Torres a cambio de usar sus canteras, ha prescrito. En cambio, el Ministerio Público se opuso al archivo de la causa contra el exdirectivo de la cementera por su presunta participación en el supuesto fraude junto a directivos del Puerto y de Dique Torres "obteniendo un lucro económico en perjuicio de fondos públicos". La tesis del fiscal es que desde el primer momento se tuvo la intención de usar las canteras de Tudela Veguín, en lugar de la de Aboño. Respecto a la cementera señala que "además del suministro de material pétreo, la mercantil Tudela Veguín obtuvo otros beneficios directamente relacionados con la adjudicación del contrato de obra a la UTE Dique Torres", recordando el contrato para la venta de todo el cemento de la obra a precios de 63,5 y 64,5 euros la tonelada (según el tipo de cemento), "precio notablemente superior al del mercado, como se consigna en alguna de las actas del Comité de Gerencia de la UTE Dique Torres", que comparan esos precios con el que se pagaron a la cementera Cosmos para la obra del puerto exterior de La Coruña, que ejecutó una UTE también liderada por Dragados.

Fuente:
La Nueva España