Pretende cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que rechaza la demolición de la planta de El Musel

La sentencia notificada anteayer a las partes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en la que se rechaza la demolición de la planta regasificadora de El Musel, es considerada por la gasista Enagás como «muy razonable, porque a día de hoy cumple con la normativa vigente, que es la tesis que siempre mantuvo Enagás». Así lo considera la empresa que a partir de ahora pondrá toda su maquinaria en marcha para elaborar un nuevo estudio de impacto ambiental y, posteriormente, solicitar la autorización administrativa por parte del Gobierno de la nación. Es difícil hablar de plazos para la entrada en servicio de la regasificadora gijonesa, ya que ese segundo trámite puede ser el que se dilate más y en la gasista tienen claro que es el Gobierno quien marca los tiempos y la tramitación será la misma que cualquier otra instalación industrial.

Por su lado, Los Verdes de Asturias -actual Equo- fueron quienes presentaron la denuncia sobre la ilegalidad de la planta y exigieron su demolición. No comparten en absoluto la sentencia dictada por el TSJM. José Antonio Ballesteros, uno de los portavoces de Equo, es rotundo al afirmar que, «si una construcción no es legal, debe demolerse». Eso sí, tiene claro que, «cuando, conforme a la sentencia, Enagás pretenda legalizar de nuevo la planta, podremos alegar todas las cuestiones que se nos desestimaron en la demanda inicial. Lo que parece claro es que el mercado no demanda la puesta en marcha de esta planta, por lo que si se hace será para un uso diferente al proyectado».

Equo está valorando si interponer o no recurso a la sentencia del TSJM. Olga Álvarez, coportavoz de la formación, apunta que «nos gustaría que los máximos interesados en hacer cumplir las resoluciones judiciales con todos sus efectos sean precisamente los tribunales de justicia y fundamentalmente aquellos del orden contencioso-administrativo que velan por lo público, por aquello que pertenece a la ciudadanía».

Según Equo, la gasista lleva percibidos casi 120 millones por los gastos de la instalación

La sentencia de la Sección de Ejecuciones y Extensión de Efectos del TSJM indica que «se considera ejecutada en su totalidad» la sentencia que declaró nula la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del 29 de diciembre de 2008 por la que se otorgó a Enagás la autorización administrativa previa para construir la planta de regasificación en El Musel. El magistrado considera ahora que la sentencia está ejecutada «con la mera declaración de nulidad de la autorización de la construcción de la planta y con su posterior y consecuente hibernación». Pero también rechaza la devolución de las posibles retribuciones que haya recibido Enagás por el mantenimiento de la planta y la concesión de una nueva autorización por convalidación de la anulada, asuntos que deberían ser objeto de otro procedimiento administrativo independiente.

Según el juzgador, para ordenar la demolición de la planta regasificadora se debería haber ordenado «motivada y expresamente» en el primer fallo judicial y no se acreditó que «resulte coherente, proporcional o aconsejable». Es más, apunta que «la sentencia está pues ejecutada, ya que la anulación de la resolución no exige luego otro acto -aparte de la demolición- para declarar la nulidad de la autorización inicial de la construcción ni exige el desmantelamiento y la reposición al estado originario, ni mucho menos la suspensión de la retribución de la que disfruta con la justificación de la disposición transitoria … que acordó la hibernación de la planta y estableció la retribución que viene recibiendo su promotor».

Según datos de Equo, Enagás lleva percibidos 119,81 millones de euros en compensación por los gastos de construcción y mantenimiento.

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Fuente:
El Comercio digital