La operadora estudia reclamar más de 15 millones a la papelera por incumplir los convenios con Feve y el Principado

Las trabas puestas por la papelera Ence para la construcción del nuevo ramal entre su fábrica de Navia y El Musel unido a "su escaso interés por la finalización del proyecto", han llevado a que el Tribunal de Cuentas recomiende a Renfe Operadora "que se intensificaran las negociaciones para poder terminar con la construcción del tramo o, en su caso, se denunciara el contrato y, conforme a lo establecido en los contratos firmados, se exigiera a la empresa propietaria de la factoría la indemnización de los daños y perjuicios provocados por su actuación".

Esta sugerencia se incluye en el Informe de Fiscalización de las inversiones efectuadas por Feve en los años 2005 a 2012, que dedica un capítulo al nuevo ramal ferroviario pactado por Feve, Ence y el gobierno del Principado en agosto de 2008. El objetivo entonces era mover por El Musel 420.000 toneladas de pasta de papel y 300.000 toneladas de madera. El acuerdo se modificó en 2009 y 2010. La papelera acabó perdiendo interés y manteniendo su apuesta por el puerto gallego de Ribadeo, usando el transporte por carretera.

El informe del Tribunal de Cuentas resalta que uno de los tramos del ramal está paralizado por los reparos que pone Ence para la cesión temporal de los terrenos en el interior de sus instalaciones a Feve. El coste total de la inversión, según estima el Tribunal de Cuentas, "podría superar los 12 millones de euros". La obra debería de haberse acabado en 2010 asumiendo parte de sus costes el Principado y Feve y, en menor medida Ence. Los acuerdos preveían que la papelera debería indemnizar a la empresa por la inversión efectuada, en el caso de que rompiera el contrato, que establecía un canon de uso anual de la línea y otro por tonelada transportada.

En las alegaciones al informe, Renfe Operadora dijo que ha requerido a Ence, a través de una filial, "para el cumplimiento de sus obligaciones, sin haber obtenido respuesta de la misma, por lo que se están planteando realizar acciones legales", apuntando que las inversiones no amortizadas y por tanto reclamables, ascienden a 15,07 millones de euros.

Fuente:
La Nueva España