El Gobierno asturiano no comparte ni en la forma ni en el fondo el cierre de la térmica de Lada

Las directrices de la Unión Europea en materia de energía y cambio climático han dibujado un escenario de transición energética con implicaciones en la estructura de generación, en la estructura de consumo y también sobre la propia estructura socioeconómica de las regiones en los distintos sectores de actividad (edificación, transporte, etc.).

En el Principado de Asturias, como es conocido, tenemos una estructura energética singular, fundamentalmente derivada de la gran participación del carbón en el consumo de energía primaria, como consecuencia de la presencia de una siderurgia integral en nuestra región, de un amplio parque de generación termoeléctrica con carbón, tanto importado como autóctono, así como de un consumo de energía final dominado por el sector industrial.

Estas singularidades en nuestro perfil energético hacen que la transición en Asturias deba adaptarse a estas realidades. Nadie discute el resultado final de una transición energética que persigue la descarbonización de la economía en todos los sectores de actividad; sí estamos hablando del proceso que nos lleve a ese resultado final, un camino que debe huir de dogmatismos, que debe presentar soluciones adaptadas a la realidad de cada espacio geográfico, y que el Gobierno del Principado viene defendiendo que debe ser un proceso armónico con la evolución tecnológica y equilibrado en las distintas vertientes e implicaciones de esa transición. Cuando digo equilibrado, me refiero a un equilibrio entre la necesaria sostenibilidad ambiental, que es la que motiva, principalmente, este proceso, pero también equilibrado con esas otras componentes como son la sostenibilidad técnica, es decir, la garantía y calidad de suministro; la sostenibilidad económica, la competitividad en el precio de esa energía, y la sostenibilidad social, dado que la generación energética es un bien esencial para el desarrollo de nuestra vida doméstica y de la actividad empresarial. Consiguientemente, lo que propugna el Principado es una transición armónica con la evolución tecnológica y equilibrada en estos distintos factores de sostenibilidad técnica, económica, ambiental y social.

En una región como Asturias, el precio final de la energía eléctrica constituye un vector clave de nuestra competitividad, no solamente empresarial sino de nuestra competitividad como región en su conjunto, y así se reconoce en los distintos documentos estratégicos, desarrollados por el Gobierno con la colaboración de los agentes sociales: la Estrategia Industrial y la Estrategia de Especialización Inteligente.

El carbón ha ilustrado recientemente con mayor énfasis el papel que desarrolla en el mix energético, no sólo regional sino también nacional: un papel de respaldo a las energías renovables, de cobertura de los servicios de ajuste del sistema eléctrico y una función significativa en la modulación de precios. En los últimos tiempos, se nos ha ilustrado esa función del carbón en dichas múltiples vertientes y ante la poca hidraulicidad y la escasa generación eólica, el carbón ha exhibido un papel fundamental en esa vertiente de respaldo, de ajuste y de modulación de precios finales de la electricidad.

Insistimos en dos conceptos fundamentales en este proceso, que son el de transición y el de equilibrio; transición en la medida que debe ser un proceso gradual, adaptado a la evolución tecnológica. Firmas de reconocido prestigio internacional, tras las conclusiones y propuestas de la Cumbre de París en relación con el cambio climático, han elaborado estudios y análisis que afirman que prescindir de forma prematura de alguna tecnología de generación energética podría poner en seria cuestión la eficiencia económica y técnica de este proceso de transición energética. El equilibrio entre los distintos factores resulta una obligación evidente, dado que las instalaciones de generación eléctrica están ubicadas en los territorios y tienen implicaciones sobre la vida de las empresas y de los ciudadanos e inciden sobre el suministro de un servicio esencial.

A este respecto, tenemos el reciente acontecimiento de la solicitud de cierre de las centrales térmicas de Lada y de Velilla por parte de la empresa Iberdrola. Es un planteamiento que no compartimos ni en el fondo ni en la forma en la que se ha realizado; en el fondo, por las razones que acabo de exponer, no parece un planteamiento que se avenga a conciliar con ninguno de los dos conceptos fundamentales que antes había expuesto: ni de transición ni de equilibrio. Las contrapartidas que se plantean a este proceso de cierre por parte de la empresa, que trataremos de aclarar, son manifiestamente insuficientes en el sentido de asegurar la recolocación de la plantilla de la central térmica de Lada, evidentemente, cuestión muy importante; y las cuestiones vinculadas a la restauración de los terrenos. Es preciso, naturalmente, tener en cuenta esas otras implicaciones sobre la estructura energética de nuestro Principado de Asturias, sobre las actividades inducidas e indirectas derivadas del desarrollo de las funciones de la propia central, con implicaciones sobre el transporte, la logística, el puerto de El Musel, etc. Se plantean implicaciones que es preciso tener muy en cuenta en este proceso de cierre; y también tener muy en cuenta que un cierre generalizado de forma precipitada de estas instalaciones de generación termoeléctrica con carbón supondrá un incremento significativo del precio final de la electricidad. A eso me refería cuando decía que estos planteamientos no debidamente armonizados, precipitados, pueden generar efectos colaterales indeseables.

La generación eléctrica con carbón es una actividad muy importante y significativa en nuestra región. Nos llama la atención, en particular, que esta central y su empresa titular había realizado las inversiones de corrección medioambiental en captación de partículas, en desulfuración y en desnitrificación recientemente, inversiones en torno a los 115 millones de euros en los últimos años.

Este planteamiento, no compartido ni en el fondo ni en la forma en la que se ha presentado de forma súbita, requiere una explicación. Se trata, como digo, de una solicitud que debe ser autorizada previamente en su caso, por el Gobierno de la Nación en su competencia energética; y que debe ser analizada considerando todas estas vertientes directas e indirectas, con implicaciones energéticas, económicas, sociales, sobre el empleo, y sobre determinados aspectos medioambientales. Es preciso realizar una valoración global y tratar de que este proceso de transición no plantee implicaciones graves como por ejemplo el incremento del precio de la energía eléctrica, que pueden tener afecciones muy significativas sobre la competitividad empresarial y la competitividad como región.

Necesitamos pues, y en ese sentido estamos trabajando con el Gobierno de España, articular una política energética fuerte, que sea capaz de responder a los desafíos y los retos que plantea este proceso de transición energética, que entendemos que debe ser diseñado de una forma colaborativa entre todos los agentes implicados, con un criterio equilibrado entre las distintas implicaciones ambientales, energéticas, económicas y sociales y, sobre todo, teniendo muy presente que estamos afectando a un servicio esencial como es el suministro energético que debe ser garantizado, que debe tener la suficiente calidad, y que debe estar sometido a un criterio de competitividad en su precio final.

Fuente:
La Nueva España