Isaac Pola aboga por una tramitación ambiental simplificada dado que el decreto que incumplía la planta ya está derogado

El consejero de industria del Principado, Isaac Pola, señaló ayer que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que deniega la demolición de la regasificadora de El Musel y abre la puerta a su legalización es "un primer paso que da tranquilidad para poder desarrollar el resto de procesos administrativos" necesarios para que la instalación, que se acabó de construir en noviembre de 2012 con una inversión de 282 millones de euros, pueda entrar en servicio. Enagás tendrá que efectuar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental y obtener una nueva autorización administrativa algo que el Pola espera que el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía solventen con procedimientos abreviados.

Pola señala que la regasificadora ya superó esos procedimientos administrativos antes de su construcción incumpliendo únicamente el artículo del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp) que prohibía este tipo de instalaciones a menos de dos kilómetros de viviendas. El consejero de industria recuerda que ese artículo del Raminp ya está derogado, por lo que abogó por "una tramitación simplificada" al no estar ya vigente "el único precepto medioambiental que incumplía la regasificadora". El consejero agrega que habrá que esperar a ver qué decide el Ministerio de Medio Ambiente al respecto, pero "la racionalidad administrativa apunta a que sea una tramitación simplificada, porque los parámetros son ya conocidos".

Respecto a la autorización administrativa, que tendrá que conceder el Ministerio de Energía, su aprobación requerirá que previamente esté aprobada la declaración de impacto ambiental de la regasificadora. Además, Enagás no podrá solicitar esa autorización administrativa hasta que el Gobierno haya levantado la moratoria impuesta en marzo de 2012 a la tramitación de nuevas regasificadoras. Se trata del decreto en base al que en aquel año se hibernó la planta de El Musel. Tras la sentencia posterior que anuló la autorización administrativa concedida en 2008, la regasificadora precisa repetir toda la tramitación, algo que impide el decreto de 2012. El Gobierno está tramitando un nuevo decreto para levantar esa suspensión, imprescindible para iniciar la legalización de la instalación. Pola tiene conocimiento de que antes de fin de año estará aprobado ese decreto.

El consejero añadió que la autorización administrativa se dará a la planta no sólo para la regasificación, sino también para que sirva como almacén de gas natural licuado y su reexportación a otros países europeos o para suministrar combustible a buques. En este sentido, el consejero señaló que ha habido conversaciones previas con operadores interesados, sin concretar.

Si la autorización administrativa se otorgará para la regasificación y la recarga de buques, el acta de puesta en servicio de la planta, último paso para que opere, podría otorgarse antes para esta última labor que para la regasificación, en función de la situación del mercado.

Condiciones

Por su parte, desde el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital apuntaron ayer que la concesión de la autorización administrativa (una vez que esté aprobado el real decreto que levantará la suspensión de la moratoria para nuevas instalaciones de gas) no supondrá la entrada inmediata en servicio de la regasificadora de El Musel. El Ministerio señala que antes de solicitar el acta de puesta en servicio de la instalación, se requiere una resolución favorable sobre las condiciones técnicas y económicas para el comienzo de la operación de la instalación. Dicha resolución compete al Ministro de Energía, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). En caso de no resolverse favorablemente, la planta se mantendría hibernada como hasta ahora, según indicaron ayer desde el Ministerio. La decisión de hibernar la regasificadora de El Musel se tomó en 2012 ante el exceso de capacidad en España por la caída de la demanda del gas.

Por su parte, Enagás se limitó ayer a calificar como "razonable" la sentencia que rechaza la demolición de la instalación.

Fuente:
La Nueva España