Los partidos representados en la corporación municipal de A Coruña, con la única excepción del PP, han manifestado su rechazo a la controvertida iniciativa anunciada por el Puerto, que pretende subastar los terrenos que ocupan las instalaciones deportivas de La Solana, frustrando así la oportunidad de que se destinen a uso público.

Marea, PSOE y BNG se oponen frontalmente a una operación inmobiliaria que solo pretende hacer caja a costa de desbaratar una oportunidad única para dar un salto cualitativo en la oferta de disfrute público de la ciudad.

Los socialistas han anunciado además que presentarán una moción en el pleno municipal de mañana para defender la recuperación ciudadana de este emblemático espacio en la fachada marítima. "A Coruña no se vende", afirmó el pasado miércoles el portavoz municipal del PSOE, José Manuel Dapena, al presentar públicamente su iniciativa. El PSOE reclama personalmente al presidente de la Xunta, que tiene a tres representantes en el Consejo del Puerto, que intervenga para evitar un daño irreparable a la ciudad.

La recuperación de La Solana figuraba en el preacuerdo pactado la primavera pasada por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria coruñesa, tras la decisiva mediación del director de Puertos del Estado, José Llorca, quien abocó a Enrique Losada a una posición más dialogante tras meses de abierto conflicto.

Ese preacuerdo, que abría un horizonte de entendimiento entre administraciones para abrir la puerta a la venta de los muelles que el Puerto necesita para afrontar la millonaria deuda por el sobrecoste de Langosteira salvaguardando a la vez los intereses generales de la ciudad, establecía que el complejo polideportivo pase a ser del Ayuntamiento, que había ofrecido 1,4 millones de euros, el precio en el que el Puerto había tasado La Solana.

Pero según ha trascendido estos días, a la vez que cerraba este preacuerdo con el Ayuntamiento, el Puerto, presionado entonces por el aluvión de críticas a las incontables chapuzas de las obras del túnel y la urbanización de la Marina, negociaba ya en secreto la venta del complejo deportivo con la inmobiliaria Río Mero. A la luz de esta evidencia, no solo queda patente que la Autoridad Portuaria coruñesa en ningún momento contempló seriamente la posibilidad de aprovechar la venta de los muelles para mejorar las dotaciones de la ciudad, sino que obró con mala fe y desprecio ante el Gobierno municipal.

La necesidad de vender los muelles del puerto interior es una consecuencia de la nefasta génesis de la dársena exterior en Langosteira, impulsada hace más de una década por el exalcalde Francisco Vázquez y el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos. La codicia ante un pelotazo inmobiliario que la crisis del ladrillo frustraría después, fue entonces la razón de que la Autoridad Portuaria camelase a Puertos del Estado, cuyos técnicos se oponían a Langosteira, con la aceptación de unas condiciones draconianas que son ahora la losa que lastra los resultados económicos de la entidad coruñesa año tras año.

El Puerto coruñés, ávido de obtener la luz verde para el negocio inmobiliario, aceptó cargar con el sobrecoste de la obra, que acabó disparándose. Esta es la explicación de que Langosteira sea el único puerto español que Fomento no financia al cien por ciento y también de que sus puertos rivales, como Gijón, tengan ya una inversión millonaria para una conexión por ferrocarril que en el caso coruñés sigue en el aire.

El pelotazo inmobiliario, que estuvo en el pecado original de Langosteira, parece seguir siendo a pesar de todo la única hoja de ruta que se abre camino en la Autoridad Portuaria, en detrimento de la potenciación de las oportunidades de negocio que cabría esperar como más propias de unas instalaciones como las del puerto exterior. Ricardo Vales, presidente de la Comisión Ciudadana en Defensa de lo Común, sostiene que la pretendida venta del hotel Finisterre y La Solana a la inmobiliaria, que ofrece 10 millones cuando pagó 14 por la concesión hasta 2027, sería un pésimo negocio incluso para el Puerto.

Precisamente la cuestionada venta de La Solana cocida en secreto y a espaldas de la ciudad con la inmobiliaria se destapó tras desvelar los directivos de la petrolera Pemex en una visita a los astilleros Barreras que entre sus planes de futuro no figura la inversión en la dársena exterior coruñesa, en contra de lo que aún sostiene la Autoridad Portuaria.

La financiación de Langosteira no puede afrontarse a costa exclusivamente de hipotecar las oportunidades de la ciudad en la fachada marítima, que suponen un enorme potencial turístico y de disfrute público de los coruñeses. Los gestores del Puerto deben acreditar también competencia para atraer negocio propiamente portuario a sus instalaciones, una asignatura pendiente que no acaba de arrancar.

La operación de La Solana no parece ir en esa dirección, sino más bien en la de la especulación inmobiliaria. Parece tratarse simplemente de hacer caja para ir tirando una temporada y endosar el problema a quienes vengan después. Sin que la verdadera garantía para la viabilidad del puerto, esto es, la atracción de negocio portuario, avance. La prueba es el resultado del balance económico del Puerto en 2016, que triplica las pérdidas de 2015 y encadena cuatro años consecutivos de déficit.

Y por el camino, se habrá dilapidado la última oportunidad de que la ciudad se dote con unas herramientas de enorme potencial económico y de disfrute público en la fachada marítima. Esto es precisamente lo que ocurrirá si los representantes elegidos por los coruñeses para defender los intereses generales de la ciudad no intentan ponerle freno mañana en el pleno.

Fuente:
La Opinión de La Coruña