Los imputados niegan que en aquel encuentro de 2006 con Fernando Palao y Mariano Navas se negociaran los sobrecostes

Cuatro de los cinco directivos de la UTE Dique Torres y de las empresas que la integran que declararon hoy como investigados en la Audiencia Nacional por las supuestas irregularidades en torno a la obra de ampliación de El Musel, reconocieron que participaron en la reunión que se celebró en el Ministerio de Fomento en 2006 con anterioridad a que la Autoridad Portuaria de Gijón comenzara a pagar sobrecostes a la UTE Dique Torres por la obra de ampliación. El quinto de esos directivos señaló que a esa reunión habían sido convocados alternativamente él u otra persona de su empresa, que fue quien finalmente acudió y no él. Dique Torres está integrada por dos empresas del grupo ACS (Dragados y FSP), FCC Construcción, Sato (grupo OHL) y Alvargonzález Contratas.

Las declaraciones de estos investigados en el “caso Musel” se prolongaron desde las nueve de la mañana hasta aproximadamente la una de la tarde. Los comparecientes fueron a Juan Ernesto Pérez Moreno, adjunto al presidente de Dragados en la época de la ampliación portuaria; Francisco García Martín, entonces director general de FCC Construcción; Maximino Gorostiza, entonces director gerente de Alvargonzález Contratas; José María López Piñol, entonces director de Obra Civil de Dragados y Juan Miguel Pérez Rodríguez, exgerente de la UTE Dique Torres. Sus nombres y los de otros tres directivos también imputados, salieron a relucir en la agenda del expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, en la que figuraban referencias a dos reuniones en el despacho del exsecretario de Estado de Transportes, Fernando Palao, para hablar sobre la ampliación de El Musel. A esas reuniones también acudieron el expresidente y el exdirector del Puerto gijonés, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato.

Los representantes de las empresas que declararon ayer negaron que en esa reunión se negociaran los sobrecostes de la obra de ampliación portuaria, indicando que de lo que se habló fue de cuestiones generales sobre la marcha de la misma.

Las acusaciones también aprovecharon la nueva comparecencia de Juan Miguel Pérez Rodríguez, quien ya estaba imputado con anterioridad en la causa, para preguntarle acerca del contenido de las actas del Comité de Gerencia de la UTE Dique Torres de las que fotocopias de las mismas fueron enviadas por un anónimo envió a la Fiscalía Anticorrupción. El exgerente de la UTE reconoció la validez de esas actas, al igual que Gorostiza, según asistentes a los interrogatorios de ambos.

Para el próximo miércoles están citados a declarar como imputados: Rafael Martín de Nicolás, por entonces consejero delegado y miembro del Consejo de Administración de OHL; Joaquín Jiménez, entonces director de obra civil de OHL y miembro de su comité de dirección y a Javier Lázaro Esparta, en aquella época subdirector del Área I de FCC Construcción. Para esa misma fecha también han sido citados a declarar como testigos el directivo de Ferrovial Joaquín Ayuso y el catedrático de energía hidráulica de la Universidad de Granada, Miguel Ángel Losada.

Las supuestas irregularidades las destapó la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), quien concluyó que se había producido un supuesto fraude en connivencia entre la Autoridad Portuaria y la adjudicataria de la obra, la UTE Dique Torres. El fiscal sostiene que hubo supuestas irregularidades en la licitación, adjudicación, ejecución y aprobación de los sobrecostes de la obra de ampliación de El Musel.

Por otro lado, la magistrada que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha acordado prorrogar durante seis meses la instrucción del mismo, con lo que la nueva fecha para finalizar la instrucción es el próximo 6 de diciembre.

Fuente:
La Nueva España