Ministerio de Fomento y constructoras están pasando de la confianza al juzgado de guardia. Antaño predominaba la cordialidad y capacidad de rectificar los contratos en función de las necesidades de la obra. La crisis y el empeño de la administración de aprovecharla para forzar a las empresas a que bajen sus precios han generado un nuevo escenario. Ahora las sociedades que han sobrevivido utilizan cualquier resquicio para solicitar un modificado económico, técnico o de plazos. Si no lo obtienen por las buenas, están dispuestos a acudir a los tribunales, algo impensable antes.

La variante de Pajares es ejemplo de este cambio de ciclo. Dragados se hizo con el contrato para montar la vía en la vertiente asturiana y quiere aprovechar que no pudo empezar los trabajos cuando quiso para reclamar daños y perjuicios. En total, solicita rescindir el convenio sin poner un solo metro de vía pero llevándose una indemnización de 2,2 millones en concepto de «lucro cesante».

La respuesta se la tiene que dar ahora Adif Alta Velocidad, la empresa de Fomento encargada de supervisar los trabajos. Para ello, hace una semana licitó un contrato por 72.600 euros al objeto de reclutar a ingenieros y geólogos capaces de desmontar los argumentos de Dragados y otras dos reclamaciones en obras del AVE a Galicia y en la línea Bobadilla-Granada. No queda ahí la cosa. Adif Alta Velocidad sacó ayer un segundo contrato, valorado en 3,4 millones.

Informes discrepantes

Con él que quiere asegurarse los servicios de un grupo de expertos a los que confiar la elaboración de periciales que «deberán dar respuesta a los informes discrepantes que los contratistas aporten en las reclamaciones administrativas o judiciales que pudieran presentar frente a las certificaciones y liquidaciones que haga Adif Alta Velocidad».

En total el contrato contempla la elaboración de cuarenta informes periciales para responder a otras tantas reclamaciones de precios. El encargo está dividido en diferentes lotes. Uno de ellos comprende siete periciales de contestación, nueve contrapericiales, y quince informes de respuesta para conflictos que se planteen en las obras de alta velocidad Valladolid-León-Asturias, la ´Y´ vasca, y el Eje Atlántico. Se proponen un máximo de 321.600 euros de aquí a 2019 por estos trabajos. Los conflictos entre Adif y las constructoras ya merecieron un comentario en las últimas cuentas aprobadas, las de 2015. En ellas la sociedad pública provisionó 188,5 millones por las reclamaciones que en sede judicial estaba ya afrontando.

Fuente:
El Comercio digital